El sistema de justicia mexicano continúa en crisis, por un lado tenemos los lentos procesos de consolidación, falta de capacidades técnicas en los medios de comunicación que abonan a una desinformación y desprecio por parte de la población, la evidente falta de voluntad política al momento de planeación del presupuesto anual; por si no fuera poco, cada año nos enfrentamos a acciones políticas de la oposición y el partido en el gobierno que responden a un mero populismo penal.

Este círculo de condiciones empata con la vieja costumbre de no legislar basados en evidencia y diagnósticos claros con metodología participativa; en este contexto, reformas constitucionales clave como la que se realizó al artículo 19 sobre prisión preventiva oficiosa y un catálogo de delitos mal llamados graves, han llevado al Congreso de la Unión a ir en contra de algunos principios del sistema acusatorio como el de presunción de inocencia.

Es así como la última ola de reformas al sistema de justicia mexicano obliga a defensores de derechos humanos, operadoradores, organizaciones de la sociedad civil y por supuesto a las víctimas desde sus diferentes colectivos, a repensar los procesos de participación e incidencia en el Congreso.

El proceso legislativo está inmerso en una dinámica que depende de la opinión pública, la correlación de fuerzas, agenda política y por supuesto de la capacidad de incidencia de actores externos; reconocer esto es necesario para colocar nuestro punto de partida en el diagnóstico técnico. De aquí la necesidad de generar una fotografía que abarque todo el universo de la justicia penal en México.

La iniciativa Mapa Normativo constituye un esfuerzo metodológico y de sistematización de propuestas normativas y demás observaciones técnicas a procesos legislativos específicos.

Esta plataforma es una propuesta digital para ordenar la información de iniciativas legislativas y hacer más sencillo el análisis y comparación por parte de los tomadores de decisiones. La prioridad del Mapa Normativo es reintegrar a las instituciones de prevención, investigación, persecución, defensa, judicialización y ejecución, bajo un modelo sistémico.

Contar con un mapa general sobre mecanismos, instituciones, autoridades, procesos y funciones en el sistema de justicia puede ayudar a identificar las debilidades del mismo, así como a generar propuestas integrales que atiendan problemas multifactoriales y en los que se implica a más de una institución.

Como organizaciones de la sociedad civil, personas expertas, operadoras y víctimas, no podemos permitir que el sistema de justicia responda a la popularidad del gobierno en turno o la oposición; requerimos diagnósticos serios e imparciales que nos garanticen un proceso justo, de esto dependen las vidas de personas inocentes que están en prisión y culpables que salen a las calles.

 

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