MAPA NORMATIVO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

El proyecto Mapa Normativo tiene como objetivo generar una visión sistémica de las instituciones de seguridad y justicia para identificar las necesidades normativas que potencien su funcionamiento. Definir las funciones de las instituciones, las relaciones entre ellas y las áreas de oportunidad para mejorar dichas relaciones. Todo lo anterior se integra en una plataforma digital que nos permite visualizar la diversidad de posiciones de distintos especialistas: académicos, de los operadores de las instituciones, de organizaciones sociales, los colectivos de víctimas e instituciones de defensa de los derechos humanos. Este proyecto consiste en crear un mapa en donde todas las propuestas estén visibles y nos permitan crear iniciativas de ley con un enfoque sistémico que asegure la correspondencia entre las políticas públicas y nuestro marco normativo. 

Los objetivos específicos:

  • Definición de las relaciones entre instituciones y flujos de procesos.
  • Identificación de las necesidades  normativas para fortalecer nuestro sistema de justicia.
  • Integrar los esfuerzos de la cooperación internacional, las organizaciones sociales y la academia; con las necesidades de las instituciones de seguridad y justicia, los operadores de policías, fiscalías, defensorías y tribunales y el sistema penitenciario.

REFORMAS CONSTITUCIONALES

Artículo 16 - Puesta a disposición ante el Juez

Se propone modificar el párrafo quinto y décimo del artículo 16 constitucional para establecer que la puesta a disposición de un detenido en flagrancia es ante el Juez y no ante el MP y el párrafo décimo para eliminar las 48 o 96 horas que el MP puede retener a un detenido sin presentarlo ante el juez.

En este sentido, una vez que la persona detenida sea puesta a disposición del juez empezará a correr el plazo de 72 horas que marca el artículo 19 constitucional.

Articulo 16 - Arraigo

Se propone también la eliminación del párrafo noveno del artículo 16 constitucional que define actualmente lo qué debe entenderse por delincuencia organizada.

Artículo 19 - Congruencia entre la acusación y la sentencia definitiva

salvaguarda la tradicional garantía que permite al imputado tener seguridad jurídica respecto a los alcances de los cargos que pesan en su contra.

Artículo 20 - Armonización de la nomenclatura constitucional

Dado que se elimina por completo la noción de vinculación a proceso, en el artículo 20 se propone reformar el apartado A, fracción VII, con el objeto de que la sentencia dictada en el denominado procedimiento abreviado, se siga sobre la base del hecho previsto en el escrito de acusación y no en la resolución de vinculación a proceso.

Artículo 73 - Competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de delincuencia organizada

La legislación nacional en la materia deberá salvaguardar todos los derechos fundamentales de los intervinientes en el proceso penal y únicamente sobre base de las excepciones estrictas que prevé el propio texto constitucional. Por ningún motivo, se debe entender que se autoriza al congreso de la unión a crear un derecho penal de excepción.

Artículo 107 - Amparo indirecto

Para que el amparo indirecto sólo sea procedente contra resoluciones o actos que causen un agravio de imposible reparación contra la libertad personal del imputado.

LEYES SECUNDARIAS

Reformas a la Ley de Amparo

La presente iniciativa se centrará en los siguientes puntos:

  1. Distinción entre el auto de vinculación y el auto de formal prisión y sus implicaciones en el amparo;
  2. Suplencia de la queja en el amparo en el sistema acusatorio;
  3. Pruebas recabadas de oficio por el juez de amparo en materia penal;
  4. Armonización y actualización de conceptos procesales;
  5. Participación de la víctima en el procedimiento penal y en el amparo, y
  6. Garantía para la suspensión de actos privativos de libertad.

Ley Contra la Delincuencia Organizada

Expedir Ley Contra la Delincuencia Organizada para adecuar nuestro ordenamiento jurídico a las exigencias constitucionales, legales y de política criminal en todo lo relativo a la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de penas, por los delitos cometidos por los miembros de la delincuencia organizada.